El 1 de junio de 2025 será una fecha histórica para México. Por primera vez, más de 99 millones de ciudadanos estarán convocados a las urnas para elegir directamente a 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito.
Aunque el debate se ha centrado en si es correcto que el Poder Judicial se someta al voto popular, hay una realidad que no podemos ignorar: las campañas ya están en marcha, y como ciudadanía, debemos observarlas con sentido crítico y altura.
Lo primero que hay que entender es que los jueces no son legisladores. Su función no es cambiar la ley, ni prometer reformas, ni hacer justicia por ocurrencia. Un juez está para garantizar que se respeten los derechos y que se cumpla la ley. No pueden excederse, ni quedarse cortos, ni resolver en función de intereses o simpatías. Resolver conforme a derecho es su mandato y, en estos tiempos, también su responsabilidad ante el voto.
Nuestro sistema judicial tiene muchas fallas, pero no todas son atribuibles a los jueces. En muchos casos, las deficiencias vienen desde la etapa de investigación: carpetas mal integradas, pruebas insuficientes, omisiones clamorosas. Según datos de México Evalúa, en 2023, solo el 3.6% de las carpetas de investigación llegaron ante un juez, lo que refleja un cuello de botella persistente en el sistema de justicia penal.