Luego de que el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, expresó su preocupación por la reforma judicial y la extensión de la prisión preventiva oficiosa, la abogada María Fernanda Buergo Gómez alertó sobre las graves implicaciones legales de mantener esta figura en México.
La prisión preventiva oficiosa no solamente está violando la presunción de inocencia, sino también el debido proceso”, explicó la socia fundadora de la firma Buergo Gómez Abogados.
Recordó que el debido proceso tiene como núcleo base la garantía de audiencia, que “consiste en que, antes y previo a cualquier acto de molestia de una autoridad, tienen que agotar cuatro pasos, que es informarte, escucharte, una oportunidad para probar y cerciorarse de que son competentes”.
Sin embargo, detalló, bajo este esquema, dichas garantías se eliminan, dejando a los imputados en un estado de total indefensión.
Buergo Gómez, especializada en materia penal y amparo penal, también desmintió la percepción de que eliminar la prisión preventiva oficiosa dejaría a los delincuentes en libertad.
Argumentó que existen medidas cautelares como la prisión justificada, que implica un análisis más riguroso y garantiza la posibilidad de probar y justificar su aplicación.
En un caso concreto, si hay un riesgo para la víctima, lógicamente se dictará una prisión preventiva. Pero al estar justificada, permite evaluar el riesgo real y escuchar a las partes involucradas”, detalló.
En este contexto, la abogada calificó como preocupante la reciente reforma que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa e impide a los jueces interpretarla o inaplicarla.
Esta medida, dijo, contraviene la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, la cual obliga a México a modificar su legislación interna para abandonar esta figura jurídica.
Lejos de cumplir, estamos desacatando esa condena al agregar restricciones a la labor de los jueces”, advirtió.
Buergo subrayó que el enfoque legislativo actual busca disuadir la comisión de delitos a través de la prisión automática, pero ha demostrado ser ineficaz.
No nos podemos quedar en las vinculaciones. Lo que se necesita son condenas. Eso es lo que realmente persuadiría la comisión de ilícitos”, concluyó.
Finalmente, la abogada exhortó a los legisladores a analizar detenidamente estas reformas, pues, aunque la intención pueda ser positiva, las consecuencias podrían exacerbar la crisis de justicia en el país y alejar a México del cumplimiento de estándares internacionales.
En semanas recientes, el despacho Buergo Gómez Abogados fue galardonado como la Firma Revelación Penal del Año por la revista ‘TOPs México, Los Mejores Abogados de México’.